Lea aquí comunicado de CIDH sobre embarazadas haitianas y la respuesta de RD.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su preocupación por las denuncias de las deportaciones de mujeres haitianas embarazadas desde República Dominicana.
En un comunicado fechado en Washington, la CIDH afirma que las expulsiones de mujeres embarazadas las expone «a graves vulneraciones de su derecho a salud, especialmente de la salud reproductiva».
Aquí el comunicado íntegro
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta la resolución «Protección de las personas haitianas en movilidad humana: Solidaridad interamericana», con el fin de orientar a los Estados de la región a garantizar los derechos de las personas haitianas migrantes, refugiadas, desplazadas, apátridas y víctimas de trata de personas; en cumplimiento de las obligaciones internacionales de asistencia humanitaria, protección, cooperación y solidaridad internacional.
El documento detalla la crisis humanitaria y el contexto de violencia que afectan la vida de millones de personas haitianas. Así como los desafíos sobre seguridad ciudadana, inestabilidad económica, corrupción y crisis de gobernabilidad que se viven en el país. La resolución recuerda a los Estados de la región diversos tratados, instrumentos y convenciones internacionales e interamericanas; destacando su obligación de proporcionar protección, asistencia humanitaria, y soluciones con perspectiva de género, tratamiento diferenciado y enfoque interseccional, considerando la vulnerabilidad que enfrentan las personas haitianas. Cabe destacar que quienes enfrentan mayores riesgos de violencia y vulnerabilidad, como la trata y la explotación sexual y laboral, son las mujeres, adolescentes, niñas y niños.
En los últimos años, la CIDH da seguimiento a la crisis de derechos humanos del país, la cual se ha profundizado con la pandemia COVID-19, y con el terremoto del 14 de agosto de 2021. Como consecuencia, se han intensificado y reactivado los flujos migratorios internacionales hacia otros países de la región, aumentando exponencialmente los cruces de frontera y las solicitudes de asilo. En los casos de retorno, expulsión o deportación, la Comisión advierte que el Estado haitiano enfrenta desafíos para garantizar mecanismos de inclusión social de las personas retornadas, e incluso, para proteger su vida e integridad.
En la resolución, la CIDH formula una serie de recomendaciones a los Estados miembros de la OEA, incluyendo temas como la solidaridad y cooperación internacional; transparencia y sostenibilidad; mecanismos de protección, ingreso, tránsito y salida de territorios; seguridad humana en fronteras; lucha contra la xenofobia, discriminación y derecho a la información.
La Comisión recuerda a los Estados que la solidaridad internacional es clave para la aplicación de la universalidad y la primacía de los derechos humanos en contextos como el de Haití — que demandan la acción coordinada— ante escenarios de crisis estructurales que afectan los derechos humanos de las personas haitianas.
Finalmente, la CIDH manifiesta su voluntad y disposición para brindar asistencia técnica al Estado de Haití y a otros Estados de la región, así como a los organismos regionales, organizaciones sociales y otras instituciones, para el fortalecimiento institucional y de las políticas sobre movilidad humana.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
El deterioro institucional de Haiti, sobre todo a partir de 2019, ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.
En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad de la red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del 2021.
En los últimos años, la CIDH da seguimiento a la crisis de derechos humanos del país, la cual se ha profundizado con la pandemia COVID-19, y con el terremoto del 14 de agosto de 2021. Como consecuencia, se han intensificado y reactivado los flujos migratorios internacionales hacia otros países de la región, aumentando exponencialmente los cruces de frontera y las solicitudes de asilo. En los casos de retorno, expulsión o deportación, la Comisión advierte que el Estado haitiano enfrenta desafíos para garantizar mecanismos de inclusión social de las personas retornadas, e incluso, para proteger su vida e integridad.
En la resolución, la CIDH formula una serie de recomendaciones a los Estados miembros de la OEA, incluyendo temas como la solidaridad y cooperación internacional; transparencia y sostenibilidad; mecanismos de protección, ingreso, tránsito y salida de territorios; seguridad humana en fronteras; lucha contra la xenofobia, discriminación y derecho a la información.
La Comisión recuerda a los Estados que la solidaridad internacional es clave para la aplicación de la universalidad y la primacía de los derechos humanos en contextos como el de Haití — que demandan la acción coordinada— ante escenarios de crisis estructurales que afectan los derechos humanos de las personas haitianas.
Finalmente, la CIDH manifiesta su voluntad y disposición para brindar asistencia técnica al Estado de Haití y a otros Estados de la región, así como a los organismos regionales, organizaciones sociales y otras instituciones, para el fortalecimiento institucional y de las políticas sobre movilidad humana.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países.
El deterioro institucional de Haiti, sobre todo a partir de 2019, ha agravado una situación excepcional y extraordinaria de ingreso masivo de migrantes haitianos hacia República Dominicana, entre ellos, mujeres embarazadas en procura de los servicios gratuitos de salud pública que su gobierno no les provee.
En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad de la red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del 2021.